La terrible pandemia del Covid-19 que azota el mundo se ha cobrado ya en España la vida de 177 médicos en el ejercicio de su profesión. Son muertes plenas de profesionalidad, responsabilidad, valor y sentido del deber. Otro tanto podrían manifestar el resto de profesiones sanitarias (enfermería, auxiliares sanitarios, celadores, etc.), así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que han sufrido también un considerable número de bajas.

Existe opinión unánime de que la gestión de la crisis ha sido llevada de una manera nefasta por la Administración Central de nuestro país. El Gobierno español ha reaccionado tarde y mal, tratando de imponer criterios políticos, muchas veces muy alejados de las directrices científicas sanitarias que los verdaderos expertos demandaban reiteradamente.

La patética lucha de los sanitarios españoles en la primera ola de la pandemia, casi sin medios de protección, ha sido determinante en el gran número de profesionales contagiados e incluso fallecidos. La sociedad civil no tardó en reaccionar ante tanto heroísmo revestido de profesionalismo.

Así, en la primera ola no tardaron en producirse manifestaciones de agradecimiento público en casi todas las localidades de España. Aún resuenan, aunque ya se apagaron, los aplausos a los sanitarios a las ocho de la tarde. Queda constatado, como hecho o como consecuencia, que durante los dos primeros trimestres del 2020 las agresiones a los médicos y al resto del personal sanitario disminuyeron notablemente. Lo contrario no hubiera tenido lógica ni sentido.

Llegó el verano y buena parte del país pensó que lo peor había pasado. Hasta nuestras autoridades nos animaban a viajar por España. Y en septiembre llegó la segunda ola, que nos inundó de nuevos miedos y recelos. La desconfianza hacia las autoridades sanitarias fue en aumento. La opinión unánime de médicos y expertos es que se volvieron a tomar las medidas anti pandemia tarde y mal. Conforme se acercaban los días de puentes y la Navidad, los errores se fueron multiplicando y los contagios y fallecidos crecían exponencialmente. Para completar el panorama, las decisiones del Gobierno atendían más a criterios políticos y, sobre todo, partidistas que a criterios científicos verdaderos. O, aún peor, a recomendaciones de Comités de Expertos poco o nada transparentes en su composición y conocimientos.

Por si faltara algo, de forma incomprensible las agresiones a médicos y personal sanitario volvieron a repuntar en todos los ámbitos, públicos y privados, a pesar de la dificultad que suponía asistir personalmente a los Centros de Salud. Queda como anécdota una reciente agresión física y verbal a cuatro médicos ginecólogos, uno detrás de otro, en un hospital privado de Sevilla por parte del acompañante de una paciente que estaba siendo sometida a una exploración en una consulta. No es un hecho aislado. En casi todas las provincias, las agresiones a personal sanitario han vuelto a aparecer.

Salvo algún acto institucional de agradecimiento a los sanitarios, una mínima pero muy agresiva parte de la sociedad paga con los sanitarios sus frustraciones y desgracias. Auguro que otro tanto ocurrirá con la distribución de las vacunas contra el Covid-19. Para acabar con esta lacra agresiva solo se me ocurren dos soluciones: fomentar la educación desde la escuela, y el endurecimiento de las penas a los agresores. Quizás un Registro de Agresores, como medida preventiva para evitar reincidencias, pueda ser otra solución. La fallida reforma del Código Penal de 2015, en relación al artículo 550, que considera como delito de atentado las agresiones al personal sanitario, sigue sin considerar a estos como Autoridad, como así están conceptuadas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esto trae como consecuencia que las penas sean sensiblemente menores.

Del mismo modo la despenalización de las faltas ha supuesto un retroceso en la calificación de agresiones verbales y amenazas, tan frecuentes en estos episodios, y por tanto son castigadas de forma menor. Por ello es preciso que los Parlamentos de las CCAA desarrollen y ratifiquen, mediante una Propuesta de Ley, que los sanitarios queden recogidos explícitamente como beneficiarios de dicha futura Ley, reconociéndoseles como Autoridad. En la actualidad sólo dos Comunidades Autónomas han cumplido sus inexcusables deberes en este ámbito, la de Extremadura y la de Aragón, mientras que en la Ley de Sanidad de la Comunidad de Castilla y León ya viene recogida dicha proposición.

Es, pues, el momento inaplazable para que Andalucía por medio de su Gobierno presente al Parlamento Andaluz dicha Proposición, que estoy seguro será respaldada por la mayoría de los Grupos Parlamentarios, por el bien y dignidad de los sanitarios andaluces, e igualmente de maestros y educadores y por el de toda la ciudadanía andaluza. 

 TRIBUNA ABIERTA ABC

JUAN MANUEL CONTRERAS AYALA.

OBSERVATORIO DE LA SANIDAD DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE SEVILLA