'Hay derrotas que tienen más dignidad que la victoria'
El pasado día 2 de febrero, los Dres. Juan Manuel Contreras Ayala, secretario general del RICOMS, y Carlos Velázquez Velázquez, vicesecretario general, acudieron en representación del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla al Parlamento de Andalucía, situado en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, para asistir al pleno en el que se debatiría una reforma en la formulación actual del Complemento de Exclusividad que afecta a los facultativos que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud.
Previamente, desde el Colegio de Médicos de Sevilla, habíamos establecido contacto con los principales grupos parlamentarios para solicitar su colaboración en esta iniciativa. Se presentaba una Proposición no de Ley por parte del Grupo Popular que pretendía la eliminación del requisito de exclusividad para la percepción de los complementos por parte de los médicos del SAS, que atendía a los planteamientos formulados desde nuestro Colegio, y expuestos pública, y ampliamente, a través de nuestros medios de comunicación y redes sociales.
La propuesta fue presentada por Catalina García Carrasco, quien expuso la situación discriminatoria a la que están expuestos los profesionales sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, principalmente médicos y farmacéuticos. Expuso, como hemos defendido en el Colegio, que la principal empresa sanitaria pública andaluza impide a sus médicos desarrollar su profesión en su tiempo libre salvo que acepten una disminución en su retribución. Esta situación se agrava por el hecho expuesto de que son los peor pagados de todo el Sistema Nacional de Salud en toda España.
Resaltó igualmente la contradicción en que incurre la Consejería al exigir dicho requisito de exclusividad en el SAS para lograr una adecuada retribución, cuando no lo exige en el resto de empresas públicas andaluzas (EPES, HARES...).
El principio básico vulnerado por el actual complemento de exclusividad "igual trabajo igual remuneración" fue igualmente compartido y defendido por el grupo parlamentario de Ciudadanos. Su diputada, Isabel Albas, expuso de forma contundente la contradicción con dicho principio básico, al tiempo que genera contradicción con las normativa legal vigente y con las directrices que rigen el resto de empresas públicas andaluzas, así como la mayoría de los Servicios Autonómicos de Salud. El grupo Ciudadanos se mostró igualmente en contra de las diferencias salariales entre comunidades autónomas de los médicos del sistema sanitario público. El voto del grupo Ciudadanos fue favorable a los intereses de los médicos SAS.
Por el contrario tanto IU como Podemos formularon su crítica a la reforma planteada basándose en que dicha medida beneficiaba a la medicina privada frente a la medicina pública, obviando que a los médicos que perjudica la actual situación son precisamente a médicos que trabajan en medicina pública y que, buscando una mejora de su situación económica que el sistema público les niega, complementan sus ingresos trabajando más.
Particularmente decepcionante fue la participación del grupo parlamentario PSOE-A por su responsabilidad del gobierno. Plantearon el tema como un choque entre sanidad pública y privada, en lugar de una situación de injusticia retributiva con trabajadores cualificados del sistema público de salud, al que todos defendemos. Es llamativo que no atiendan a que esta situación daña a trabajadores del sistema público, desanimando a los damnificados. Igualmente nos llama la atención que no sean coherentes con sus propias decisiones de gestión, manteniendo un tratamiento diferente entre los médicos del SAS y del resto de empresas públicas andaluzas.
Asimismo, nos indignó que mantuviese una parte de su argumentario en la posible manipulación del listas de espera para mejorar la actividad privada, estableciendo una baja catadura moral del médico como el supuesto de inicio que criminaliza a los médicos por defecto. Además de difamatoria, esta argumentación es impostada a sabiendas, dado que la mayoría de los médicos no pueden interferir en la ralentización de dichas pruebas en el sistema público (médicos de familia, médicos internistas...) ni pueden casi solicitarlas por las limitaciones que el propio SAS establece. Aún más, volvemos a insistir en que la digitalización y control de las listas de espera y las peticiones de servicios permiten perfectamente identificar a aquel facultativo que se excede en dichas solicitudes o no rinde adecuadamente en su empleo público. La exclusividad no se relaciona con la eficacia ni con la calidad del resultado.
Finalmente, comunicamos que desde el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla seguiremos insistiendo en la lucha por esta reclamación totalmente justa, así como por una mejora salarial de los médicos andaluces que nos equipare a otras autonomías.
OBSERVATORIO DE LA SANIDAD
REAL E ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SEVILLA
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